En los gobiernos descentralizados se hacen cuentas con miras a aprobar el ejercicio económico del próximo año.
De acuerdo con la Pro forma del Presupuesto General del Estado para el 2019, el monto de asignaciones a los diferentes niveles de gobiernos será de USD 3 773 millones. Es decir, 296 millones más de lo previsto en el 2018.
A pesar del aumento, los gobiernos locales no podrán hacer uso de esos recursos ni contratar nuevas obras hasta mayo, porque el 2019 es un año de renovación de autoridades, tras las elecciones de marzo.
Deberán trabajar con un presupuesto prorrogado, porque así lo determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Así lo explica Mónica Quinteros, coordinadora de la Unidad Técnica Regional 1 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).
La Prefectura de Imbabura, por ejemplo, aprobó un presupuesto de USD 21,3 millones para el 2019. La cifra es igual a la inicial de este año.
Empero, la proyección de ingresos por recibir es de USD 24,6 millones. Es decir, 2,8 millones más que en el 2018, “si se mantiene la actual realidad económica del país, incluido el precio del petróleo”. Así lo explica Pablo Jurado, prefecto de Imbabura.
Las prioridades económicas en la ‘Provincia de los Lagos’ durante esta fase de transición serán el mantenimiento vial, el pago de remuneraciones y los servicios básicos.
En lo posible, según indica Jurado, no se contratarán nuevas obras, pero seguirán ejecutando las que están en marcha. “Ese manejo se da más por cuestiones éticas que por una norma legal”, asegura.
Para el prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, el presupuesto prorrogado es una medida saludable, que evita que en caso de un cambio de administración, la nueva autoridad se quede sin recursos.
El presupuesto inicial en la provincia fronteriza para el próximo año será de USD 15 millones. Sin embargo, este año se logró duplicar el presupuesto hasta los USD 31 millones, gracias a créditos del Banco del Desarrollo del Ecuador, del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes de cooperación internacional.
La mayoría de esos recursos en la provincia se destinaron a obras de riego y de vialidad. “Pese a que en la Pro forma del próximo año se evidencia un incremento, casi siempre hay recortes”, indica Herrera.
Se refiere a la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas en la que se establecen ajustes, cada cuatro meses, al Presupuesto general. Eso puede permitir un incremento o la disminución de recursos, correspondientes a los ingresos no permanentes, coinciden Herrera y Quinteros.
En Guayas, la Prefectura igualmente laborará con el mismo presupuesto de este año, debido al cambio de la autoridad. Así lo señala el director financiero de la institución, Manuel Solano. El presupuesto asignado para el 2018 fue de USD 250,8 millones.
Esos recursos se invirtieron en proyectos viales, como el distribuidor de tráfico de la T de Milagro, que será inaugurado en diciembre próximo.
La última obra que estrenó la Prefectura fue la carretera Virgen de Fátima–Naranjal, el pasado viernes. La construcción de esta arteria de 16 kilómetros costó USD 3,5 millones.
El Municipio de Guayaquil también conservará el presupuesto de USD 762 millones, el mismo valor de este año. Según Jorge Rodríguez, vocero del Cabildo porteño, a partir de mayo del 2019 se hará la reforma al presupuesto para la priorización de obras.
Entre las autoridades de Azuay hay preocupación por lo que denominan una especie inestabilidad que casi siempre acompaña a la definición de presupuestos. Para este año que está a punto de finalizar, el Municipio de Cuenca tuvo ingresos por USD 54 millones.
Según la directora Financiera de esta institución, María Fernanda Vintimilla, cualquier variación puede afectar al cantón, porque habría menos recursos para obras.
Al igual que Vintimilla, Jorge Arce, director financiero de la Prefectura del Azuay, aspira a que en los próximos días el Ministerio de Finanzas oficialice el presupuesto del 2019, y “de allí hay que ver cómo se realizan los cálculos”.
Arce admite que en el caso de esta Prefectura no hay un análisis profundo por el año electoral. La Prefectura de Azuay recibe del Estado Central USD 35 millones.
En Santo Domingo de los Tsáchilas, en cambio, se anunció que para el próximo año se tiene previsto prorrogar el presupuesto, que es de USD 40,9 millones. La decisión se tomó mediante una asamblea provincial, que se desarrolló en agosto último.
La viceprefecta, Andrea Maldonado, informó que entre los principales ingresos constan USD 7,2 millones por recaudación del peaje y USD 19,6 millones por la asignación del 21% del Gobierno central.
Del total del presupuesto, el 58,85% será destinado para la planificación y construcción del sistema vial provincial, que es la prioridad local.
El tema presupuestario convocará para mañana a los prefectos del país, que se reunirán en Quito, en una asamblea del Consorcio de Prefecturas.