Un 20% de las inversiones que constan en el Presupuesto General del Estado de Ecuador es, en realidad, gasto corriente.
La observación es parte del informe de revisión del Artículo IV, un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía ecuatoriana y que fue difundido la semana pasada.
El gasto se clasifica en el Presupuesto estatal en dos tipos de rubros. El primero es el egreso de capital o “de inversión”, que corresponden principalmente a obra pública. En el 2018 el Gobierno ejecutó gastos de inversión por USD 6 884, 7 millones.
Un segundo grupo es el gasto corriente. Entre los principales rubros que se registran en esta categoría están los sueldos de funcionarios, intereses de la deuda o bienes y servicios para mantener las entidades del Estado como arriendos o servicios básicos.
La clasificación es importante porque la Constitución prohíbe usar los ingresos del petróleo para financiar gastos corrientes, sino solo para verdadera inversión.
Los gastos corrientes, en cambio, deben cubrirse con recursos de impuestos y tasas.
Destinar los ingresos petroleros a gasto corriente es tanto como gastar el dinero de la venta de un terreno de la familia en la factura del celular o el pago del servicio doméstico.
Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, señala que el monto de gasto corriente que está mal clasificado en la cuenta de inversión del Fisco asciende a USD 1 300 millones y abarca más de 20 proyectos, principalmente del área social, como el Plan Toda Una Vida, al que se le asignaron USD 6,5 millones en el Plan Anual de Inversiones este año y Misión Ternura, USD 27,3 millones.
Según datos del Observatorio, uno de los montos más altos que debería contarse como gasto corriente, es el asignado al programa de reforma institucional de la gestión pública, que es básicamente para pagar las jubilaciones pendientes de funcionarios y que este año recibirá USD 250 millones.
Otros proyectos que, según Carrera, no deben ser de inversión son los planes de catastro y registro social que lleva a cabo Senplades y un programa para combatir la impunidad de delitos, a cargo del Consejo de la Judicatura.
Aunque el gasto de inversión fue uno de los que más se redujo en la ejecución del Presupuesto 2018, el Artículo IV del FMI cuestiona que, en comparación con la región, Ecuador tiene niveles muy altos de este tipo de egresos.
De ahí que una de las metas del Gobierno es reducir este tipo de egresos, entre el 2019 y el 2021, en alrededor de USD 1 130 millones; es decir, un 1% del PIB, como parte del plan con el FMI. El Fisco espera alcanzar esta reducción de la inversión mediante una mejor priorización de proyectos.