Dieciocho reformas a la Ley de Hidrocarburos entraron en vigencia como parte de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Las reformas permiten, entre otros temas, la delegación de manera excepcional de la exploración y explotación petrolera, la refinación del crudo en el exterior, la delegación de la explotación de campos en producción a manos privadas y la migración voluntaria de contratos petroleros. Otro tema importante es la creación de un fondo que permita tener recursos para la identificación de más reservas.
Desde ya esta reforma genera reacciones a favor y en contra, pero para el Gobierno se trata de reformas urgentes para aprovechar de mejor manera el recurso hidrocarburífero y bajar los costos de producción, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. El Gobierno tiene entre sus metas la duplicación de la producción petrolera y llegar hasta 1 millón de barriles diarios para el 2025.
De manera resumida, la ley dice que:
• El Estado explorará y explotará los yacimientos, pero de manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, o consorcios integrados por ellas, de probada experiencia y capacidad técnica y económica.
• Además podrá celebrar contratos de participación, de prestación de servicios para la exploración y/o explotación u otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana o de usual empleo en la industria internacional. Estos contratos se podrán aplicar en bloques con potencial hidrocarburífero o en producción y, sobre estos últimos, el Estado podrá delegar su exploración y explotación.
• Los beneficios del Estado no podrán ser menores a los ya obtenidos en el año inmediato anterior del año de modificación. De estos recursos se podrá formar un fondo de inversión para la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos. Este fondo será administrado por el Ministerio del ramo y sujeto a control de la Contraloría.
• Además se indica que estos hidrocarburos serán industrializados dentro o fuera del país y el Estado podrá subcontratar de manera directa servicios de refinación con empresas refinadoras internacionales.
• También se explica que el contrato de participación significa que la empresa privada hace sus inversiones a su riesgo, pero al final tiene una participación de la producción y este se calculará con base en los porcentajes ofertados y convenidos en el contrato.
• Se detalla en la ley que los actuales contratos de servicios podrán ser cambiados a la modalidad de participación. Asimismo se establece que los contratos podrán ser migrados si conviniere al Estado y si estuvieran de acuerdo las empresas.
• En cuanto al tema de la delegación de campos en producción, dice la ley que el Gobierno recibirá una prima de entrada fijada por el ministerio del ramo en un proceso de licitación.
• También se coloca en la ley que cualquier persona natural o jurídica domiciliada o establecida en el país podrá importar y exportar hidrocarburos.
De acuerdo con Gonzalo González, coordinador de la Comisión de Petróleo del Ecuador de la Cámara de Comercio de Quito, las reformas sí dotan del entorno legal o normativo adecuado para que prospere la inversión. Sin embargo, resta tomar decisiones y aplicar la norma de manera inmediata, a fin de que los resultados se empiecen a ver. González destaca que el marco jurídico les da estas herramientas al Gobierno y empresas, no solamente para utilizar nuevos modelos de contratos, sino también conseguir capital de riesgo necesario en el exterior. También, dice, se puede conseguir la modernización del sector, tanto en el área de exploración y producción, como en la de transporte y comercialización. Aclaró que no se está permitiendo la privatización, sino su modernización del sector.
Desde la otra orilla, para la Asociación de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Asetep), la reforma a la Ley de Hidrocarburos da luz verde a la privatización de los campos operados por Petroecuador, refinerías y otras instalaciones hidrocarburíferas. En este sentido, la organización asegura que los votos de la bancada de UNES y el oficialismo permitieron esto, elevando a categoría de Ley la privatización total de campos petroleros operados por el Estado. También dice que este proceder no es nuevo, solo consolida la política de privatización que se inició en el 2012 en su propio gobierno, claro, con los límites que la Ley vigente les imponía.
Los trabajadores de la energía y el petróleo insisten en que las cifras demuestran que en los últimos diez años toda privatización de campos en producción de la empresa estatal ha sido perjudicial para el fisco y para el pueblo ecuatoriano, y consideran que esta vez no será la excepción, más aún cuando ahora están en juego el campo Sacha, llamado la “Joya de la Corona” y las tres refinerías con las que cuenta el país.
Sobre la delegación de los campos en producción a la iniciativa privada, sostienen que esta se dará sin inversión de riesgo o en construcción de infraestructura y servirá únicamente para el usufructo de la renta que ahora le pertenece al Estado.
Entre tanto, advierten que el cambio de contratos de prestación de servicios a contratos de participación no toma en cuenta los volúmenes de producción comprometidos en contratos de preventa petrolera. Para los trabajadores, esto abre la posibilidad de que a futuro el Ecuador deba comprar crudo a precio internacional para pagar sus deudas contraídas en años pasados.
Por otra parte, Henry Llanes, exdirigente sindical, considera que la Asamblea Nacional debería convocar a juicio político al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, porque sus acciones en el manejo del sector hidrocarburífero no se enmarcan en lo que disponen los artículos 313, 315, 316 y 408 de la Constitución de la República.
“El ministro de petróleos está haciendo uso de la excepcionalidad constitucional para entregar la riqueza petrolera a los grupos económicos vinculados al negocio de los hidrocarburos y que son los que se han beneficiado de este negocio durante los últimos 30 años”, afirma.